Para el Centro Democrático, el consumo controlado de estupefacientes es la fórmula para atender la drogadicción como problema de salud pública. La Cámara de Representantes ya dio el visto bueno, falta la aprobación del Senado.
Álvaro Uribe y Gustavo Petro son dos personajes antagónicos, como el agua y el aceite. Los dos hacen política desde orillas opuestas, defienden modelos económicos distintos, y representan diferentes visiones del país. Suelen estar en contra en todo, o en casi todo, por eso no deja de sorprender cuando se les descubre alguna sintonía. Esta semana, en la Cámara de Representantes, tuvo lugar una.
El Centro Democrático, el partido fundado por Uribe, consiguió aprobar un proyecto de ley que podría entenderse como su política pública contra el consumo de drogas. Lo particular del caso es que tiene una coincidencia con la que aplicó Petro durante su administración en la Alcaldía de Bogotá.
Contexto: Petro propone el consumo controlado de droga
Se denominan Salas de Consumo Controlado, y según el representante Samuel Hoyos, autor de la idea, es el modelo que debería aplicarse en todo el país para atender la drogadicción como un asunto de salud pública. En dichas salas, el estado distribuiría, de forma gratuita y decreciente, sustancias psicoactivas a personas que se encuentren dentro de un médico de rehabilitación.
Hoyos admite que el modelo que propone, el de las Salas de Consumo, guarda relación con los Centros de Atención Médica a Drogodependientes, Camad, que Gustavo Petro impulsó en Bogotá en su alcaldía y que generaron todo tipo de controversia en su momento, aunque fue respaldado desde el punto de vista científico.
Los Camad fueron implementados por Petro en el 2012, atendieron más de 2.400 personas en condición de vulnerabilidad.
Puede leer: ¿Cuánta marihuana es la dosis mínima?
Sin embargo, Hoyos asegura los Camad no cumplieron su propósito. “El modelo es pertinente, pero se debe desarrollar en un ambiente controlado, con supervisión médica, y como parte de un tratamiento de rehabilitación integral”.
A diferencia del modelo Petro, el del uribismo establece que podrán tener acceso a las Salas de Consumo Controlado personas mayores de edad con consumo problemático de sustancias estupefacientes, psicoactivas o psicotrópicas ilícitas. No será permitido el uso recreativo, ni el acceso a personas acompañadas de menores de edad y personas portando cualquier tipo de arma.
Las Salas de Consumo Controlado deberán tener espacios para el uso de sustancias psicoactivas ilícitas, supervisión por parte de personal médico y personal capacitado, suministro de kits higiénicos e intercambio de jeringas, equipos para asistir emergencias, información en materia de prevención, reducción de daños y consumo, acceso al medicamento aprobado para el tratamiento de sobredosis, atención psicosocial y acceso a programas de tratamiento y rehabilitación.
Le recomendamos: ¿Cuándo los drogadictos deben ir a la cárcel?
En estas salas también se proveerán servicios de pruebas de diagnóstico de VIH y hepatitis C, y se prestarán los servicios de zonas de higiene personal, análisis de sustancias psicoactivas ilícitas, y programas de sustitución.
El Estado, o terceros autorizados, El Estado, o terceros autorizados, producirán y/o adquirirán determinadas sustancias con fines médico-terapéuticos y científicos, en ningún caso para fines recreacionales, y los suministrará bajo prescripción médica en las Salas de Consumo Controlado atendiendo a los protocolos que para ese propósito establezca. El Ministerio de Salud será la entidad encargada de vigilar estas salas.
El proyecto del uribismo también plantea un componente que podría interpretarse como “represivo” frente a la dosis mínima, pero que busca combatir efectivamente el microtráfico, para evitar que la dosis personal se convierta en escudo de expendedores de droga al menudeo. Por eso se plantean nuevas definiciones para que las autoridades puedan actuar.
Le puede interesar: La dosis mínima ya no es tan mínima
Luego de la sentensa de la Corte Suprema de Justicia que terminó ampliando el rango de la dosis mínima hasta la cantidad (indeterminada) que necesite el consumidor, lo que se denominó la dosis de aprovisionamiento, nadie que fuera sorprendido portando más cantidad que la dosis personal, podría ser detenido.
Para Hoyos esa sentencia produjo un vacío, por lo que con su proyecto obliga al Gobierno a determinar la cantidad de la dosis mínima para cada sustancia, y traza los límites de la dosis de aprovisionamiento hasta 5 veces la cantidad estipulada como dosis personal.
Sin embargo, el componente más controvertido del proyecto es el que pretende establecer excepciones a la dosis mínima, y sancionar a quienes ejerzan determinados oficios bajo la influencia de psicoactivos.
Según Hoyos, esta restricción se debe imponer por la trascendencia social o el potencial peligro para la vida de terceros que el consumo pueda implicar en ciertas actividades.
Las profesiones, oficios o actividades clasificadas en este proyecto son aquellas que impliquen manipulación de armas de fuego, como las desarrolladas por las Fuerzas Militares o de Policía, los vigilantes de seguridad privada, y para aquellas personas que tengan salvoconducto de armas de fuego para protección personal o actividades deportivas.
También, aquellas que impliquen la conducción de vehículos automotores para el trasporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial, bien sea de servicio público o de uso particular.
La restricción aplicaría a todos los funcionarios públicos, a los operarios de maquinaria pesada, y a las profesiones asociadas a las ciencias de la salud, como médicos, instrumentadores, enfermeros, asistentes quirúrgicos. Igualmente aquellas que impliquen el cuidado, protección y custodia de menores de edad, como profesores, niñeras o madres comunitarias.Como también a los operarios relacionados con actividades de seguridad aeronáutica, caso de los controladores aéreos.
Según la propuesta de Samuel Hoyos, las personas que ejerzan actividades, profesiones u oficios en las que ostenten posición de garante sobre el derecho a la vida e integridad de terceros, estarán sujetas a exámenes periódicos o aleatorios para descartar el consumo y los efectos de sustancias estupefacientes, psicoactivas o psicotrópicas ilícitas, durante el ejercicio de su actividad.
Le recomendamos: Las profesiones en las que no se permitiría la dosis mínima
El Gobierno, según el proyecto, tendría la competencia para reglamentar en que deben ser realizados los exámenes, definir en qué casos deben ser periódicos y en cuáles aleatorios, así como las autoridades encargadas de realizarlos y el procedimiento para la imposición de las sanciones.
En la propuesta se establecen sanciones administrativas para restringir la autorización al desempeño de los mismos, que van desde la disuasión, pasando por la pérdida temporal, hasta la pérdida definitiva del derecho a desarrollar la actividad.
El primer triunfo de Hoyos se produjo esta semana cuando la Cámara de Representantes aprobó su proyecto, aunque con algunos reparos de las bancadas del Polo y la Alianza Verde, que se opusieron a este último componente. Ahora pasa al Senado y el corresponderá debatirlo a la Comisión Séptima, precisamente donde Uribe tiene asiento.
Se podría pensar que esta propuesta podría ser vista con reservas por el jefe natural del Centro Democrático, por las posiciones históricas que ha defendido frente al tema de las drogas. Sin embargo Hoyos asegura que fue el primero que lo apoyó cuando diseñó su propuesta.
Dos debates le faltan para convertirse en ley. De hacerlo, las salas de consumo controlado serían una realidad en todo el país, y sorprendentemente por cuenta del uribismo.
