El país latinoamericano vive un choque de trenes entre el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional desde las elecciones de diciembre de 2015.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha asumido las competencias de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, debido a la persistencia del "desacato", un estatus que el Poder Judicial impuso a la Cámara por incumplir varias sentencias.
La decisión ha sido percibida en la oposición como un "golpe de Estado", y gran parte de la comunidad internacional ha reclamado que se reinstaure los poderes de la Cámara. La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, próxima al chavismo, también ha alertado de que la sentencia supone "una ruptura del orden constitucional", mientras que el Gobierno ha denunciado que desde la oposición "pretenden atentar contra el Estado de Derecho".
La actual guerra entre el poder legislativo y el judicial tiene su origen en las elecciones de diciembre de 2015, en las que la oposición se hizo con la mayoría en la Asamblea Nacional por primera vez desde que Hugo Chávez fue elegido presidente hace más de una década.
Tras aquellos comicios, el TSJ suspendió cautelarmente la toma de posesión de tres diputados electos de la oposición, los indígenas Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, mientras se investigaban unas denuncias de fraude electoral, que todavía no han sido resueltas. Aún así, la Asamblea desobedeció la sentencia judicial y los tres diputados electos tomaron posesión de sus escaños, alegando que su investidura es un mandato popular alcanzado en las urnas.
Por ello, el Supremo declaró a la Cámara en "desacato" el 5 de enero de 2016, y advirtió de que todas sus decisiones serían nulas mientras los tres diputados judicialmente suspendidos permanecieran en sus cargos. Desde entonces, el Supremo ha declarado inconstitucionales la mayoría de decisiones de la Asamblea.
La situación de estos tres diputados no es un asunto baladí: con ellos, la oposición tendría una mayoría de dos terceras partes de la Cámara, lo que le daría nuevos poderes y atribuciones, como la capacidad para derogar o aprobar leyes orgánicas, aprobar una reforma constitucional y elegir o remover magistrados en el Tribunal Supremo, es decir, tendría la llave para desmantelar el legado chavista.
El detonante final: la ley de hidrocarburos
En este contexto, la decisión de asumir las competencias legislativas de la Asamblea Nacional ha llegado en respuesta a un recurso de interpretación en el que cuatro abogadas pidieron al Supremo analizar el alcance de un artículo constitucional y otro de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sector clave en la economía venezolana.
Estos apartados establecen que la constitución de empresas mixtas "requerirá la aprobación previa" de la AN, "a cuyo efecto el Ejecutivo (...) deberá informarla de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República".
La Ley de Hidrocarburos indica que en esta materia el Parlamento podrá modificar las condiciones
propuestas o establecer las que considere convenientes, y que cualquier cambio posterior también deberá ser sometido a la evaluación de la Cámara.
Sin embargo, el Supremo ha resuelto que "no existe impedimento alguno" para que el Ejecutivo constituya empresas mixtas, y ha indicado que éste deberá informar a la Sala Constitucional "de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones".
Además, el TSJ ha subrayado que el Parlamento, "actuando de facto", no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones en estas asociaciones.
En resumen, el Supremo ha establecido que, al estar la Cámara en "desacato", ya no es necesaria la aprobación de la Asamblea Nacional para que el Gobierno cree empresas petroleras mixtas (compañías participadas por el Estado venezolano y empresas privadas o extranjeras), y ha asumido las competencias legislativas mientras en la Asamblea persista en el "desacato".
Reacciones en Venezuela y en la comunidad internacional
Tras conocer la intervención del Supremo, Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, ha calificado la decisión judicial de "golpe de Estado". "Es un golpe de Estado y tiene que contar con el rechazo de toda la comunidad internacional, mientras los venezolanos generamos presión desde la calle", ha dicho.
Guevara ha considerado que en el país se está "configurando una dictadura", y que la decisión del Supremo de "usurpar" las funciones de la Asamblea son una prueba más de ello.
La Asamblea Nacional denunciará a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que redactaron el fallo y ha anunciado manifestaciones.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, cercana al chavismo, también ha afirmado que la sentencia representa una "ruptura del orden constitucional" en el país.
La fiscal ha convocado a todos los actores políticos a conseguir "caminos institucionales que garanticen la paz, y que supere los obstáculos que impiden actualmente la calidad de vida que reclama nuestra población", y ha rechazado cualquier acción de injerencia en los asuntos internos del país caribeño, señalando que estos deben ser resueltos por las instituciones venezolanas y los actores políticos.
Países del continente como Colombia, Brasil, Argentina, Chile, México, Panamá, Perú, Costa Rica y Estados Unidos se han manifestado en contra de la sentencia del Supremo venezolano, mientras que Bolivia y Nicaragua han mostrado su apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro. Los cambios de gobierno en países como Brasil y Argentina, aliados de Venezuela durante los ejecutivos de Lula da Silva y Cristina Kirchner, han debilitado la posición de Venezuela y su "revolución bolivariana" en Latinoamérica, con Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba como únicos aliados ideológicos.
La Unión Europea y la ONU también han mostrado preocupación por la decisión del Supremo.
Además, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha pedido una reunión "urgente" del Consejo Permanente para valorar la suspensión de Venezuela como país miembro. Almagro ya ha intentado expulsar a Venezuela dos veces, aunque hasta ahora no ha conseguido la mayoría necesaria para ello.
Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha dicho que "es falso" que se haya dado un golpe de Estado y ha manifestado su "repudio" ante lo que ha calificado como una "arremetida" por parte de los gobiernos "de la derecha intolerante".
"Venezuela repudia la arremetida de los gobiernos de la derecha intolerante y proimperialista de la Región, dirigida por el Departamento de Estado y los centros de poder estadounidenses, que mediante falsedades e ignominias pretenden atentar contra el Estado de Derecho en Venezuela y su orden constitucional", se indica en el escrito.
Esta crisis institucional y política agita todavía más el ambiente de un país azotado por la crisis económica que se enfrenta una escasez de alimentos y medicinas, y que se encuentra agobiado por la inflación.
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